La UICN realiza un análisis espacial participativo en el que se integran criterios socioeconómicos, legales, agroclimáticos y ambientales para la definición de áreas de exclusión que minimicen el impacto de la expansión del cultivo de palma de aceite en los estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
Ciudad de México, diciembre de 2018 (UICN). El gobierno federal mexicano y los gobiernos sub-nacionales de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán se han comprometido a disminuir las emisiones de carbono a través de la reducción en un 50% de la pérdida anual de bosques para el año 2020, alcanzar cero deforestación en 2030 y recuperar extensiones forestales. El logro de las metas requiere de la integración e involucramiento del sector agropecuario en las estrategias de desarrollo sustentable. El sector agropecuario a nivel global ha reconocido la relevancia de forjar procesos resilientes, productivos y sostenibles de forma integral.
Los compromisos anteriores se amparan en convenios internacionales, entre ellos el Acuerdo de París, REDD+, Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales marcan una pauta para hacer frente a los efectos de cambio climático.
En las últimas décadas, el consumo mundial de aceite de palma se ha incrementado debido a su uso como materia prima en la producción de biodiesel y aceite vegetal (utilizado en una amplia variedad de bienes, tales como alimentos, jabones, productos de cuidado corporal, limpieza, entre otros). Con ello las superficies dedicadas a este cultivo han crecido aceleradamente en los países con mayor potencial para su aprovechamiento.
El Grupo de Trabajo de la UICN para palma de aceite (OPTF por sus siglas en inglés) desarrolló el reporte ‘Palma de aceite y Biodiversidad’, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basada en información robusta y sustentada y como respuesta a una resolución aprobada por la Membresía de la UICN durante el Congreso Mundial de la UICN sostenido en Hawaii en 2016.
La publicación enfatiza que otras oleaginosas requieren de mayores extensiones para alcanzar la misma producción que la palma de aceite. Es decir, que reemplazar el aceite de palma con otros aceites vegetales implicaría un incremento más que proporcional en las superficies cultivadas, con un mayor impacto en términos de deforestación. Con ello se darían importantes pérdidas en términos de ecosistemas y hábitats para la biodiversidad. De tal forma, la UICN plantea promover la conservación de la biodiversidad fomentando la sustentabilidad del sector palmero.
La Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (ORMACC), a través de la Oficina de Proyectos en México, aporta al cumplimiento de esta resolución al desarrollar un análisis espacial participativo en el que se integran criterios socioeconómicos, legales, agroclimáticos y ambientales para la definición de áreas de exclusión que minimicen el impacto de la expansión del cultivo de palma de aceite en México. El análisis se enfoca en los estados REDD+ del sureste del país (Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán) cuyos bosques podrían ser sujetos a la presión de un sector de palma de aceite en expansión por estar en la franja con mayor potencial para el cultivo.
La herramienta de planeación territorial sustentable incide también en el trabajo que la UICN realiza desde noviembre de 2017, en el marco de la Interpretación Nacional (IN) de los Principios y Criterios (P&C) de la Mesa redonda para el aceite de palma sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) para México. Los P&C de la RSPO son un conjunto de normas ambientales y sociales que las empresas deben cumplir para adherirse a los estándares de certificación de la RSPO. A través de la interpretación nacional se busca adaptar los lineamientos internacionales, estipulados por la certificación RSPO, para la producción de palma de aceite y los insumos directos para la producción en la cadena de valor, tomando en consideración el contexto ambiental y social del país.
Al proceso se han sumado diversas organizaciones como productores, sociedad civil, empresas de transformación, agroindustria y gobierno, con el objetivo de asegurar que la certificación sea robusta y que efectivamente considere el contexto megadiverso de México. Como parte de los esfuerzos se ha alentado la organización de sesiones temáticas con especialistas y de particular importancia para el cultivo, por ejemplo algunas de las que se han realizado han sido sobre criterios de exclusión, especies exóticas y turberas.
La UICN continuará en el proceso de la IN, en alianza con miembros de la Unión en México, con el objetivo de fortalecer el instrumento y forjar esquemas de desarrollo rural con cero deforestación y bajo en emisiones.